Boletines digitales

Boletines digitales

El 1 de enero de 2009 el Boletín Oficial del Estado desaparecerá en papel. Para esa fecha, la mayoría de los boletines oficiales de provincias y comunidades autónomas se presentarán ya exclusivamente en formato electrónico. Se cierra un ciclo iniciado en el siglo XIX y se abre otro, donde las posibilidades son tan infinitas como la tecnología permita. Boletines a la carta mediante rss, sms, email…; nuevos interfaces de búsqueda y recuperación de la información en Internet, TDT, etc; presentación e impresión individualizada de disposiciones y anuncios; desaparición del tradicional boletín…

Hay varios factores críticos en este proceso. Por un lado, la necesidad de una norma, con rango de ley o decreto, que dé valor jurídico a la edición electrónica frente a la tradicional en soporte papel. Por otro, la obligación de contar con una sede electrónica reconocida y un sistema de validación y publicación con firma electrónica que garantice el cumplimiento de los plazos. Para ello, nos encontramos con el habitual caballo de batalla de los servicios electrónicos: la firma digital y el sellado de tiempos. ¿Certificado personal, de órgano, de aplicación, de servidor…? ¿Qué entidad certificadora? ¿Qué mecanismo de validación?

Las disposiciones firmadas y selladas electrónicamente han de ser custodiadas durante el plazo exigido por ley, lo que supone asimismo un sustancial aumento de la capacidad de almacenamiento de los repositorios, su duplicación y distinto emplazamiento para, en caso de catástrofe, garantizar la supervivencia de los documentos originales, etc, etc

El cambio afecta también a la inserción de anuncios y disposiciones, primándose el envío digital. Esto supone disponer de una aplicación on line, con todas las garantías, nuevamente, de seguridad, confidencialidad y, sobre todo, es necesario que dicha inserción automatizada se vincule directamente con el proceso de registro y edición.

Pero no solo se trata de nuevos métodos y nuevas técnicas, hay algo que es primordial abordar desde el principio interna y externamente: la gestión del cambio afecta no solo a la cadena de producción editorial, también a los consumidores finales, algunos colectivos tan específicos como procuradores, notarios, abogados… y otros tan genéricos como los lectores de las bibliotecas públicas, que deberán incrementar el número de puestos de consulta al igual que los telecentros, centros educativos, etc.

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