El “googling” y los Boletines Oficiales

Si hacemos googling, esto es, tecleamos el nombre de una persona en Google, es fácil que nos aparezcan datos reveladores de la misma. Si tenemos en cuenta que el buscador rastrea sobre los Boletines Oficiales y en ellos se publican las sentencias con nombre y apellidos, la posibilidad de que un manchón acompañe nuestro expediente se multiplica ad infinitum y lo más lógico es su inmediata y universal propagación.

El otro día pululaba por la red una noticia sobre el subdirector de un colegio que había sido sancionado por orinar en la calle, la multa había sido publicada en el Boletín Oficial, el buscador la había hecho evidente y sus alumnos se habían encargado de situarle en el puesto más destacado con mofa y befa. El incívico y poco ejemplar ciudadano (¡así tenemos las calles!) consideró lesionado su honor y recurrió contra Google, por publicidad indeseada, que arguyó que era el boletín quien debía eliminar los datos. La Agencia de Protección de Datos le reconoció el derecho a oponerse a que el buscador publicara la información relativa a su multa. Y no sólo pidió a Google que desapareciera la sanción de sus índices actuales, sino que encontrara los medios para que esa información no volviera a aparecer en el futuro. La Agencia dice que la ley de Protección de Datos y la de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico amparan al profesor. Pero Google se enroca: si el Boletín no lo quita volverá a aparecer indexado.

Esto no es un hecho aislado, podíamos citar varios casos en el mismo sentido, con distintos protagonistas y en distintas CCAA ¿Alguien es consciente de la cantidad de nombres asociados a pleitos con la justicia que se publican en un Boletín Oficial diariamente? Empresas morosas, sociedades ficticias, prófugos, maltratadores, expulsiones, condenas por delitos de poca monta y grandes estafas, multas de tráfico… con nombre, apellidos y DNI. Por un lado, la ley obliga a su notificación en el Boletín Oficial. Antes nadie lo leía ni se enteraban, la Administración obraba de oficio, cumplía los plazos y tan campante. Ahora, con las ediciones digitales, el afectado igual sigue sin enterarse, pero amigos y enemigos lo tienen más fácil.

¿Y qué hacen los responsables de los Boletines Oficiales? Entre la espada y la pared, están planteandose bloquear el acceso de los buscadores a determinadas secciones tras un tiempo de mora, pero son conscientes de que esto es poner puertas al campo. ¿Tiene sentido este bloqueo de información toda vez que se trata de una información pública? ¿No sería mejor que los datos fueran codificados en origen? ¿O que se revisaran la obligatoriedad de la publicación de datos personales? ¿O se buscaran nuevas formas de notificación para las sentencias? ¿De quién es la culpa de que el delincuente quede «a perpetuidad» asociado a su delito, incluso una vez pagado por él? Y, si lo bloqueamos en Google, ¿deberíamos hacerlo en el resto de buscadores? ¿Cuáles? ¿Bloqueamos de facto o a demanda? Lo cierto es que, una vez más, la tecnología pone al descubierto las contradicciones del sistema ¡La polémica está servida!